Gobierno abierto e incluyente, elemento clave para la ciudad: Guillermo Orozco

Publicado el 09 Noviembre 2018
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BOLETÍN SECGOB 47

• Al comparecer ante la Comisión de Administración Pública local del Congreso de la Ciudad de México, el Secretario de Gobierno destacó las acciones realizadas a favor de las personas afectadas por los sismos de 2017, de la población penitenciaria, de la libertad de expresión y en el reordenamiento de la vía pública.

Para el Gobierno de la Ciudad de México colocar a las personas en el centro de las decisiones es premisa para lograr la gobernabilidad, situación que se traduce en un ejercicio de gobierno abierto y política incluyente fundamentada en el diálogo y la cooperación de todos los actores involucrados, señaló Guillermo Orozco Loreto, titular de la Secretaría de Gobierno (SECGOB).

Durante su comparecencia ante la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, expuso que las buenas prácticas gubernamentales conllevan a informar oportunamente sobre el estado que guarda la administración, en atención al principio de transparencia y rendición de cuentas, así como para dar a conocer los principales logros alcanzados en la promoción y protección de los derechos de las personas a fin de garantizar un desarrollo con igualdad.

En el Salón Heberto Castillo, ante integrantes de la Comisión, que preside la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, Orozco Loreto mencionó que durante la actual Administración se han atendido más de 251 mil 586 solicitudes de información pública.

Afirmó que el fortalecimiento de la gobernanza exige estrecha coordinación con autoridades de estados colindantes para resolver problemas comunes, así como la participación de la sociedad en la toma de decisiones, como mecanismo de ejercicio de derechos y atención al contenido incluyente y progresista de la Constitución de la Ciudad de México.

Subrayó que el artículo 16 de la Carta Magna local establece la obligatoriedad de reducir la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana, por lo que derivado de los sismos de 2017, la Secretaría de Gobierno participó en la instalación y coordinación del Comité de Emergencias, el cual ha sesionado permanentemente para establecer acciones estratégicas, tácticas y operativas con el propósito de que cada vivienda se recupere en condiciones de dignidad, legalidad y así garantizar el derecho a la ciudad.

Explicó que los trabajos se han centrado en la revisión de mil 154 inmuebles dictaminados, de los cuales 748 se turnaron a las Jefaturas Delegacionales, hoy Alcaldías. Asimismo, se participó en la coordinación interinstitucional de más de 75 reuniones para promover e impulsar acciones de recuperación de la infraestructura y atención de viviendas y se impulsó el Programa Emergente de Apoyo para Renta en beneficio de 8 mil 500 jefas y jefes de familia.

Aseguró que esta Administración, ha asumido el compromiso de salvaguardar la integridad de la población privada de su libertad, que actualmente es de 26 mil 631 personas, por lo que los únicos Centros que presentan sobrepoblación son el Oriente y el Norte debido a que son preventivos y cuentan con un mayor número de juzgados.

Orozco Loreto agregó que el Sistema Penitenciario capitalino se ha basado en dos principios rectores alineados a la Constitución local: “Mejores Condiciones” y “Derecho al Porvenir”, los cuales se ejercen de manera transversal con respeto a los derechos humanos.

Bajo ese precepto se han establecido programas que potencializan las habilidades de la población privada de su libertad, entre los que destacan los enfocados a personas adultas mayores, con discapacidad física y psicosocial, grupos indígenas, adicciones, entre otros.

Comentó que el Sistema Penitenciario busca fortalecer acciones integrales, lo que llevó a reforzar el Programa de Capacitación Institucional con la firma de 91 acuerdos de colaboración con los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial, mediante el cual se brindaron 891 cursos de capacitación laboral a 25 mil 639 personas.

Además, se busca que puedan continuar o concluir su formación académica y se impulsan acciones sustantivas para materializar el derecho de acceso a la justicia.

El Secretario de Gobierno refirió que para hacer efectivo el disfrute de las libertades en el espacio público, se garantiza la libre manifestación sin afectar los derechos de terceros y se han establecido mecanismos de estrecha coordinación y atención integral entre el Gobierno, las Alcaldías y las personas que ejercen el comercio en la vía pública, por lo que a través del diálogo se logró el reordenamiento en más de 54 puntos estratégicos.

En este sentido, detalló que en colaboración con diferentes autoridades, grupos vecinales y comerciantes se han recuperado espacios emblemáticos, entre los que destacan el Centro Histórico de Xochimilco, Plaza Zarco, el puente sobre el Templo Mayor, el Paseo de las Facultades, Glorieta Insurgentes, Metro Chilpancingo, Centro Médico la Raza, Eje 10 Sur y Avenida San Jerónimo, Eje 1, Zona Rosa, Parque Lineal Iztacalco y Parque Winston Churchill.

Entre otros logros, destacó la entrega del “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario”, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que servirá de planeación para el próximo gobierno y para el Primer Congreso de la Ciudad de México.

En el marco del periodo de transición, refrendó la disposición de proporcionar toda información solicitada por la Comisión Receptora, como se ha realizado hasta hoy derivado de los acuerdos de las 6 reuniones plenarias. “Hasta el último día de Gobierno, el 4 de diciembre a las 11:59 de la noche se trabajará en materia de seguridad y coordinación política para que el nuevo gobierno asuma el cargo de manera institucional, en un acto cívico ejemplar y de paz”, dijo.

Finalmente, el Secretario indicó que en lo que resta de la administración se continuarán aplicando políticas publicas guiadas por el principio de progresividad, buscando siempre un aumento gradual en la garantía de los derechos y mecanismos que combatan la corrupción.